El proyecto de ley que baja a los 14 años la edad de imputabilidad penal fue sancionada este viernes por el Senado nacional con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Crea un sistema penal juvenil diferenciado para adolescentes. El peronismo cuestionó su constitucionalidad y advirtió por la falta de fondos para aplicarla en las provincias.
El Senado de la Nación convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, cuyo eje central es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La norma ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y ahora aguarda su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
La votación arrojó 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención. Tras la sanción, Bullrich celebró el resultado como un logro propio y defendió el cambio de paradigma. “El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, sostuvo en el recinto.
En esa línea, afirmó: “Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”. Y cerró con un discurso de fuerte tono político: “Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles y hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad, hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia de la Argentina”.
Luego de su intervención, Bullrich pidió un minuto de silencio por las víctimas, solicitó que todo el bloque se pusiera de pie y generó un momento de tensión en el recinto. Desde el peronismo observaron la escena y la vicepresidenta Victoria Villarruel aclaró que no podía definir ese punto. Finalmente, todos los senadores se levantaron y se realizó el minuto de silencio.
Desde el inicio del debate, el peronismo se manifestó en contra del proyecto. Además de señalar que la ley tiene un enfoque predominantemente punitivo y no prioriza la protección integral de las infancias, cuestionó la viabilidad presupuestaria del nuevo sistema. Según la norma, para implementar la reducción de la edad punible se asignan $23.700 millones a las provincias.
Datos del Servicio Penitenciario Federal indican que el costo del metro cuadrado de construcción es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto previsto, se podrían edificar unos 7.400 metros cuadrados. Repartidos entre los 24 distritos del país, cada provincia recibiría el equivalente a 308 metros cuadrados. Frente a esos números, el senador Jorge Capitanich advirtió: “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”.
La respuesta del bloque libertario fue inmediata. Uno de los discursos más duros fue el de Luis Juez, quien acusó al peronismo de “mentiroso. Solo con una fuerte cuota de ignorancia se puede opinar como opinan”. Y agregó: “Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias. Se la gastan en cualquier cosa, en publicidad. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”.
Parte de la postura opositora quedó reflejada en la intervención de la senadora Lucía Corpacci. El bloque peronista expresó su malestar porque, pese a un acuerdo previo con los libertarios, el oficialismo permitió el ingreso de familiares de víctimas a las gradas del recinto. “Somos legisladores, no estamos para responder el enojo, estamos para dictar leyes que hagan la vida mejor y construyan una sociedad mejor. Debemos actuar con racionalidad y humanidad. Esta ley no es la solución de nada”, afirmó.
El senador Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, cuestionó distintos artículos del proyecto y planteó su inconstitucionalidad. El ex gobernador advirtió que la norma generará “litigiosidad” y sostuvo: “En defensa del federalismo, mi voto y el de mi bloque es negativo”.
El cierre del kirchnerismo estuvo a cargo de Martín Soria, quien lanzó una de las críticas más severas. “A pesar de las correcciones, este proyecto de Régimen Penal Juvenil sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos. No va a solucionar lo que ustedes creen que van a solucionar. Esta ley es peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”, señaló.
Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil
La ley crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, con procedimientos judiciales adecuados a la edad. El texto establece una presunción favorable a la minoría de edad y prohíbe que los menores de 18 años compartan ámbitos judiciales o penitenciarios con adultos.
El régimen incorpora principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de la libertad, y prioriza la resocialización de los jóvenes. Prevé garantías judiciales desde el inicio del proceso, la intervención de órganos y centros especializados, una rápida actuación judicial y el derecho de los adolescentes a ser escuchados, con participación activa de sus familias.
Un capítulo específico otorga un rol central a las víctimas de delitos juveniles, garantizando asistencia jurídica y psicológica inmediata, la posibilidad de intervenir en audiencias, oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal y participar en instancias restaurativas, como la mediación penal juvenil.
El sistema de sanciones establece un esquema progresivo que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, reparación del daño, monitoreo electrónico y restricciones de circulación. La privación de libertad queda reservada exclusivamente para delitos graves, con límites estrictos de tiempo y separación permanente de los jóvenes respecto de los adultos.
En la etapa de ejecución de las sanciones, se incorpora la figura del supervisor judicial especializado, encargado de acompañar y monitorear el proceso de reinserción. La libertad condicional solo podrá concederse con aval del Ministerio Público Fiscal y bajo condiciones específicas. También se contemplan respuestas particulares para casos de salud mental y consumo problemático, con intervención de equipos interdisciplinarios.
La norma fija estándares de alojamiento que garantizan acceso a educación, cultura, recreación y atención espiritual, prohíben la convivencia con adultos y establecen diferenciación por edad y situación procesal. Además, dispone la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil y define que, en el caso de menores inimputables, la intervención judicial se limite a medidas curativas o protectoras bajo la órbita de la justicia civil.
Fuente: MisionesOnline
