Por Aníbal Blasco – Licenciado en Comercialización
El programa económico que ejecuta el gobierno argentino es conocido: fuerte ajuste del gasto público, aumento de impuestos regresivos, desregulación y apertura económica, aumento de tarifas y combustibles, lo que lleva a un derrumbe de la actividad, poder adquisitivo, inversión y empleo.
En un pasaje del debate por la “Ley Ómnibus” en el Congreso de la Nación el ministro del Interior Guillermo Francos le respondía al Diputado Nacional por el FIT Nicolás del Caño: “El presidente es Milei y hace una propuesta, y usted está en todo su derecho de expresar su posición y de protestar, pero el que gana Gobierna y el que es oposición cuestiona o acompaña”, en ese sentido al ministro le asiste la razón. Pero lo que se lamentan a menos de un mes tantos votantes confesos de Milei, ahora arrepentidos porque esta expertise que se adjudicaba el presidente y el castigo a la política y la casta de aquellos empresarios que “viven de la política” quedó en la nada, solo queda en pie el ajuste a los que no se pueden defender.
Con el DNU en vigencia y el Congreso analizando en tiempo record la mencionada “Ley Ómnibus”, que pretende cambiar de la noche a la mañana toda una matriz identitaria Argentina, incluso hay quienes señalan que es una reforma constitucional encubierta, asoma como un ardid preocupante porque lo que busca el actual gobierno es que los legisladores también elegidos por el pueblo no “estorben” ni demoren este “tedioso proceso”, según palabras del presidente.
La dinámica mutó de debate parlamentario a lisa y llana extorsión por parte del ejecutivo, que advierte que las provincias que no acompañen no recibirán fondos, al igual que los legisladores que no aprueben el 100% de lo enviado son acusados de “coimeros”. Además, el mandatario amenaza con aplicar un ajuste mayor aun si el proyecto de Ley y el DNU no son ratificados.
En su afán de no quedar cercanos al gobierno anterior y pese a las acusaciones recibidas, todo indica que (por recientes comunicados publicados por la UCR) aunque piden revisiones sobre muy pocos puntos de una ley que modifica, valga la redundancia, más de 300 leyes, será acompañada por Juntos por el Cambio y bloques independientes que deberán intentar buscar el menor mal posible, por lo tanto es muy probable su aprobación y la posterior repercusión directa e indirecta en el bolsillo de la gente.
La agenda libertaria en 3 ejes
Con la premisa de anteponer el cuidado de los habitantes de un país y priorizar reducir el déficit fiscal (que la mayoría de los países lo tienen) en pos de “ordenar la macroeconomía”, muy difícil de entender para todo el mundo por fuera de los economistas y aquellos especializados, aplican lo viejo como nuevo, ineludible y necesario:
-Transferencias de ingresos de la clase media y baja hacia empresas oligopólicas y multinacionales a través de la quita de subsidios que hacen aumentar la luz, gas, agua, transporte y telecomunicaciones. En este apartado hay algo que los legisladores y funcionarios muchas veces no cuestionan, las empresas proveedoras de estos servicios rápidamente arrojan escandalosas cifras de aumentos a raíz de la quita de subsidios y devaluación de la moneda, por ejemplo, cuando vemos comunicados del tipo: “advierten que el aumento de la luz será del 300%”. ¿Cómo se llega a esa cifra? ¿Quién puede decirnos cuál es el costo de generar 1 kW? Se deberían proponer auditarlos para tener un costo cierto y que la población lo conozca. Y así con cada uno de los proveedores de servicios esenciales.
-DNU y Ley Ómnibus: La estrategia de culpar a la política por no acompañar una reforma total de la matriz en pocos días. No permitir que sean analizadas a fondo para conseguir una desregulación total de la economía dejando sin protección alguna a todos los sectores posibles y poniendo en bandeja a extranjeros todos los recursos estratégicos, eliminar la discusión en el Congreso sobre las posibles nuevas tomas de deuda en divisas, lo que habilitaría a poder contraer nueva deuda con el FMI sin que el Parlamento evalúe y apruebe montos, tasas de intereses y condiciones. Se puede advertir que lo expuesto aquí es solamente la punta del iceberg de lo que se modificaría con estos instrumentos.
-Como eje final, una vez conseguida esta liberación, el ministro de Economía Luis Caputo podrá cumplir con el plan original, tomar deuda nuevamente y terminar de entregar la soberanía de la Nación a intereses foráneos. Hasta ahora el FMI liberó los anunciados 4650 millones de dólares para auto pagarse deuda y le da tiempo al gobierno hasta abril para que muestre evidencias del ajuste propuesto. Los planes de conseguir financiación no han resultado hasta ahora: ni la colocación de deuda en privados, el mal manejo diplomático con China ha hecho caer el SWAP para pagar deuda al FMI y financiar importaciones, y la renuncia a integrar el bloque de los BRICS clausura el acceso a financiamiento a obras de infraestructura del Banco de Desarrollo de este grupo de países potencias emergentes.
Con este panorama, el ajuste es un recurso de nunca terminar, dado que el equilibrio fiscal nunca se alcanza, es un espiral que termina implosionando como ya lo hemos visto en 2001. La recesión económica hace que caiga la recaudación, la fuga de capitales desfinancia por goteo a la economía, la suba de tasas de interés ahorca a las pymes y los salarios pulverizados hacen el resto. El ajuste en el gasto público provoca lo contrario a lo que aducen desde el gobierno nacional, la articulación de que el privado sustituye aquellas inversiones se da a la inversa y la inversión privada cae a tasas mayores a la del ajuste del gasto público, por lo tanto, ese equilibrio fiscal cero perdura en el horizonte, pero con la economía real y la vida de los argentinos por el piso.
Lo que se hizo y hace aquí en Misiones es absolutamente lo contrario, el equilibrio de las cuentas públicas tiene que ser resultado del equilibrio de la vida del misionero y sus empresas, empleo formal registrado, potenciar la inversión privada y público-privada, acceso a salud y educación de calidad, y mejorar la inversión pública para facilitar el trabajo de las empresas privadas generan la recaudación necesaria para tener un equilibrio estatal. Aquellas provincias por fuera de las industriales como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que tomaron deuda alentadas por los que vuelven a ocupar el Ministerio de Economía, destinan sus recursos a esos pagos de deuda en vez de destinarlos a mejoras en su provincia.
